A las 12 horas, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha leído un manifiesto con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ en los porches del Ayuntamiento.

Varios concejales de la Corporación municipal y ciudadanos se han sumado a este acto que reivindica los derechos del colectivo LGTBI+.

Manifiesto:

El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificaba en referéndum la Constitución Española y marcaba el inicio de una nueva etapa de nuestra historia en la que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad individual sea real y efectiva facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

20 días después, el 26 de diciembre de 1978, se eliminaba el delito de homosexualidad incluido en la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de Peligrosidad y Rehabilitación Social que reconocía como “[…] supuestos del estado peligroso […] los vagos habituales, los rufianes y proxenetas […] y los que realicen actos de homosexualidad” (art. 2.3) y que establecía penas que iban desde multas hasta cinco años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para su «rehabilitación». Con su publicación en el BOE de 11 de enero de 1979, hace 40 años, cesaba la ilegalidad de la homosexualidad en España. Un mes después, en febrero de 1979, las personas encarceladas por su condición sexual y de género salían de las cárceles y se ponía fin a décadas de desprecio, humillación, encarcelamiento y criminalización. A pesar de ello, las personas LGTBIQ continuaron siendo perseguidas con la figura de la Ley de Escándalo Público, modificada en 1983 y derogada en 1989.

Y es que, a pesar de los avances alcanzados en los últimos años, en materia de derechos LGTBI, quedan muchas lagunas pendientes de ser abordadas.

Es, en el ámbito municipal, donde los gobiernos locales dan la mano a la ciudadanía y facilitan herramientas de sensibilización y educación con el fin de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de manifestación contra las personas LGTBIQ tanto en el ámbito familiar, como en el escolar, laboral, social, cultural, económico y político.

Por eso, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP:

  • Manifestamos nuestro compromiso con el principio de la universalidad de los derechos humanos y rechazamos cualquier apelación a valores ideológicos, culturales, tradicionales o religiosos para justificar cualquier tipo de discriminación.
  • Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio que tenga en su origen la orientación sexual y la identidad de género.
  • Reconocemos el trabajo y el esfuerzo de las organizaciones del tercer sector que trabajan en pro de la igualdad, en defensa de los derechos humanos y en la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBI.

Apoyamos todas aquellas acciones locales, regionales, nacionales y europeas que tengan por finalidad la promoción de la igualdad, así como ratificamos la necesidad de invertir en políticas a favor de la diversidad sexual y la no discriminación.

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